Objetivo de la regulación: Establecer el Sistema de Justicia Indígena para resolver las controversias jurídicas que se susciten entre las personas que habitan las comunidades a que se refiere la presente Ley; atendiendo a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados, Convenciones y Convenios Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.